España declara la emergencia climática

España declara la emergencia climática

El Gobierno ha declarado hoy la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que ante el cambio climático reclama una acción urgente para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas. Treinta líneas de acción serán desarrolladas para hacer frente a la crisis climática.

España está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, y las consecuencias del aumento de la temperatura inciden directa e indirectamente sobre la economía y los sistemas ecológicos españoles. Según la comunidad científica, esto acelera el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenaza la calidad de vida y la salud de las personas. 

La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en nuestro país, aprobada hoy en Consejo de Ministros, muestra el compromiso y la prioridad del Gobierno, que desarrollará 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. El acuerdo, que expresa la voluntad de una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, también cuenta con el apoyo de los ecologistas, que animan a que la declaración garantice los cambios urgentes y necesarios para no superar en 1,5 ºC la temperatura global, en sectores claves como el energético, el transporte, el agrícola y el industrial.

Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un plan nacional integrado de energía y clima mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.

Para los ecologistas, la ley –que aún no ha sido sometida al proceso de participación pública y de la que no se conoce el plan definitivo– debe contemplar, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía, es decir, alcanzar un balance neto nulo entre las emisiones producidas por la actividad humana y la capacidad de absorción por los ecosistemas en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55 por ciento en 2030 respecto a 1990.

En este caso, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española.

Se trata de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”, como define la declaración. 

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros 100 días de acción del Gobierno. Para ello, el ejecutivo se compromete a llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado un sistema eléctrico 100 por ciento renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.

Entre otras iniciativas se definirá la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país y se invertirá en un país menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático, incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

También se reforzarán los mecanismos de participación ya existentes con una asamblea ciudadana del cambio climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes y se impulsará la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

En el resto de las 25 medidas la acción se marcará enlas políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente

Por otra parte, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. Así, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al reto demográfico para facilitar la mejor coordinación entre administraciones.

Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan nacional de acción de finanzas sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de «fracking».

La declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente. 

Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30 por ciento de superficie marina protegida en 2030. Los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, la declaración hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la “senda correcta” para lograr que la generación eléctrica sea 100 por ciento renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas en la actualidad.

Para ello, en 2030 se habrá duplicado el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74 por ciento será de origen limpio. Según fuentes del Gobierno, se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40 por ciento para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50 y el 55 por ciento.

Fuente: SINC

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