Cuando el cáncer también lleva a la pobreza

Cuando el cáncer también lleva a la pobreza

La Asociación Española Contra el Cáncer ha hecho público hoy el informe «El impacto económico del cáncer en las familias en España«, un estudio que identifica los grupos en riesgo de exclusión social al enfrentarse a la enfermedad. Trabajadores autónomos, desempleados son los grupos más vulnerables.

¿Pagar las facturas o asumir el coste del tratamiento contra el cáncer? Esta es la premisa básica sobre la que se orquesta la trama de la conocida serie de ficción «Breaking Bad». Su protagonista, Walter White, es un estadounidense medio, un profesor de Química en el instituto que no puede hacer frente a los pagos de su tratamiento contra el cáncer sin poner en riesgo los ahorros familiares de toda una vida. Su mujer no trabaja, su hijo tiene una discapacidad física y además acaba de enterarse de que están esperando otro bebé. La ficción no solo fue un éxito por su excelente narrativa y sus personajes carismáticos. Reflejaba una realidad dramática de muchas familias en Estados Unidos.

Con motivo del Día mundial de esta patología, celebrado cada 4 de febrero, el observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este estudio que analiza cómo la enfermedad afecta a los grupos sociales más desprotegidos.

Entre los resultados destaca que 25.000 personas con cáncer se hallan en riesgo de exclusión social a causa de la enfermedad, casi un 28 por ciento de los diagnósticos en la población activa española en 2017. A su vez, el cáncer de mama es la segunda razón de baja laboral de más de 12 meses, por detrás de las patologías lumbares.

Asimismo, el estudio ndica que cada año se diagnostica el cáncer a cerca de 11.000 trabajadores autónomos. Un 80 por ciento de ellos cotizan la base mínima, por lo que reciben una prestación aproximada de 670 euros, pero deben seguir abonando la cuota mensual de 275 euros.

En total, los autónomos deben hacer frente a los gastos cotidianos, los de la enfermedad y sus negocios con 395 euros. “La realidad es que los autónomos no cogen bajas hasta que la situación se vuelve tan grave que no hay otra opción”, afirma Raquel Castillo, responsable de trabajo social de la Asociación Contra el Cáncer. En el caso de las personas en desempleo, más de 5.000 personas son diagnosticadas de cáncer anualmente y no reciben ninguna prestación económica.

Por comunidades autónomas, los pacientes con una situación económica más vulnerable se encuentran en Andalucía, Cataluña y Madrid. Según la Asociación, las diferencias regionales no son significativas, pero reflejan que si una región es más agraria, tiene más trabajadores autónomos y, por tanto, más enfermos de esta categoría.

Castillo recuerda que este trabajo “presenta una foto de la situación del cáncer en España. Traducir esa información e identificar las causas es un trabajo posterior, porque sacar conclusiones es arriesgado”.

No es lo mismo que el diagnóstico de la enfermedad se produzca en un contexto de buen empleo y soporte familiar adecuado, que cuando se atraviesa una situación laboral o económica complicada.

Pilar Ruiz es una paciente de 39 años de cáncer de estómago. Como parte del tratamiento le quitaron el estómago y pasó a tener una discapacidad del 65 por ciento.

La paciente relata su impotencia por “pasar de tener una estabilidad económica, física y laboral, a ser despedida en medio de una baja”. De cobrar 1.000€ a 700€ al mes mientras estaba de baja; además se gasta 300 euros en mejorar su calidad de vida, 600 euros en alquiler, más los gastos cotidianos y los de cuidar a su hija de 11 años.

Durante la baja, Pilar tramitó su incapacidad laboral y percibe la pensión de incapacidad laboral, así que todos sus ingresos se redujeron a 458 euros al mes. “Mi madre me ayuda y hace frente a estos gastos, pero hay mucha gente sin medicar porque no puede asumir los costes”, lamenta.

Para poner remedio a estas situaciones de desigualdad, la Asociación Contra el Cáncer propone el «Plan de protección integral para las familias con cáncer», que trata de buscar soluciones de manera conjunta con la Administración.

Ignacio Muñoz, presidente de Asociación Española, explica que el plan gira en torno a tres ejes: “Identificación de los casos, creación de protocolos de interacción entre las autoridades sanitarias y sociales, y revisión de los casos”.

La iniciativa trata de “analizar las desprotecciones que existen en los colectivos de trabajadores autónomos, desempleados y personas con bajos ingresos, entre otros perfiles. Necesitamos conocer lo que está pasando para actuar sobre ello”, concluye Castillo.

 

 

 

Fuente: SINC

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